24 de abril 2014. INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN EL MERCADO AGRO-ALIMENTARIO.

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También está programado para la sesión de hoy, 24 de abril, la discusión de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que la Comisión Federal de Competencia Económica investigue sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a investigar sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, especialmente respecto a los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Antonio León Mendívil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos, así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.

Lo que está ocurriendo en estos momentos con los mercados del sector agropecuario debe preocuparnos a todos, y no solamente a los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, sino al Ejecutivo federal y a las autoridades locales y municipales por igual.

En las regiones productoras, se desplomó el precio del frijol a 6 pesos el kilogramo; el maíz a 2.80 pesos el kilogramo; el litro de leche a 4.00; el sorgo a 2 mil 500 pesos tonelada. Igual ocurre con el precio del trigo y de la caña de azúcar; y como sabemos, para el caso de la manzana simplemente la situación es de ruina completa, al grado que algunos productores optaron por derrumbar sus plantaciones para usar los árboles como leña.

En el otro extremo de la cadena, las cosas no están mejor para los millones de consumidores de los productos agropecuarios. El consumidor final está pagando a más de 20 pesos el kilogramo de frijol, a 15 pesos el kilogramo de tortilla; a 30 pesos el kilogramo de manzana; a 15 pesos el litro de leche; a 100 pesos el kilogramo de carne y hasta 60 pesos el kilogramo de limón.

Sé que en esta honorable asamblea legislativa, ya no es ninguna novedad decir que el campo mexicano se encuentra devastado y en ruinas; pero no por eso el hecho es menos cierto. Y más ahora cuando al fracaso de las políticas institucionales de las dos últimas décadas y a los desastres naturales, se suma el desplome de los precios de prácticamente todos los productos agropecuarios.

Hay en el país 14 millones de mexicanos con hambre, por no poder pagar los precios prohibitivos de los alimentos; y en el medio rural, 18 millones viven en la pobreza por el abandono en que tenemos las unidades productivas y por los precios de ruina que recibe el campesino en la venta de sus productos.

¿Qué está ocurriendo en la producción y en el mercado del sector agropecuario? ¿A dónde van a parar los 336 mil millones de pesos del programa especial concurrente aprobados por esta Cámara para el campo?

Del presupuesto público se construye infraestructura carretera y grandes sistemas de riego en el campo, se dan incentivos al acopio y la comercialización, se pagan coberturas de precios, se brindan tarifas arancelarias flexibles para incentivar la exportación y las importaciones agropecuarias, se aplican incentivos indirectos a través del fisco; y sin embargo, el campo no se levanta, no se capitaliza, no se incrementa la producción, seguimos importando para el consumo nacional casi el 50 por ciento de los productos agropecuario y, sobre todo, los precios al consumidor final no bajan.

¿Por qué se dificulta la comercialización de las cosechas de granos en un mercado con millones de personas con hambre?

¿Por qué a pesar de la gran cantidad de recursos fiscales invertidos no se puede transitar a un mercado competitivo y eficiente?

¿Por qué los campesinos reciben precios bajos y los consumidores pagan precios caros de los alimentos? ¿A dónde va a parar ese diferencial de precios?

¿Por qué, si tenemos mecanismos reguladores en otros mercados, no se logra regular el mercado agropecuario?

La respuesta es que se han impuesto en el campo mexicano a lo largo de más de dos décadas, procedimientos de concentración del crédito, de la producción, de los servicios, de los mercados, de la información privilegiada, del acopio y de la distribución.

La respuesta es que la mayor parte de los subsidios al campo y el enorme margen de comercialización y de ganancias ilegítimas, se lo están llevando un puñado de acopiadores y comercializadores que actúan impunemente en el mercado de los alimentos. Este grupo de grandes empresas agropecuarias, integran la cadena verticalmente desde el surco hasta el consumidor final, arruinando al productor y abusando sistemáticamente del consumidor, muchas veces especulando con los alimentos y siempre estableciendo precios de acaparadores.

En las condiciones de monopolio, los miles de millones de pesos del presupuesto federal orientados al sector, solo sirven para apuntalar a los oligopolios que elevan en forma insultante sus ganancias ilegales.

Esta estructura ineficiente y perversa, segmenta al mercado, es decir que aleja a los miles de productores de granos, de los millones de consumidores finales, dejando en unos pocos actores dominantes, que agregan poco o ningún valor pero se apropian de una proporción indebida del manejo de los mercados.

No obstante que esta situación es del dominio público y de sobra conocida por las autoridades del sector, no se toman medidas eficaces para evitar las prácticas monopólicas y ordenar los mercados; inclusive la mayoría de las veces las mismas autoridades se vuelven cómplices de quienes manipulan los precios, al permitir la importación de productos agropecuarios en plena cosecha de la producción nacional.

En razón de lo anteriormente expuesto y motivado, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Primero.La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos; así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.

Segundo.La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a que, como resultado de dicha investigación, formule recomendaciones a las autoridades de los ramos competentes a fin de mejorar la competencia en ese sector y evitar prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, incluyendo, según corresponda, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

Diputado José Antonio León Mendívil (rúbrica).

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